La Ley de 2021 para Poner Fin al Arbitraje Forzoso de Agresión Sexual y Acoso Sexual es un paso importante para garantizar que los sobrevivientes de acoso y agresión sexual puedan tener su día en los tribunales, sin verse obligados a participar en procedimientos de arbitraje secretos. El amplio apoyo bipartidista de la ley en el Senado, así como los comentarios del presidente Biden, resaltan la naturaleza crítica de esta cuestión y el reconocimiento generalizado de la necesidad de un cambio.
Antes de la Ley, los empleadores solían utilizar los acuerdos de arbitraje como una herramienta para evitar el escrutinio público y las posibles responsabilidades legales derivadas de reclamaciones por acoso y agresión sexual. La Ley Federal de Arbitraje (FAA) había proporcionado durante mucho tiempo la columna vertebral de la aplicabilidad de estos acuerdos, favoreciendo el arbitraje e incluso reemplazando las leyes estatales que trataban de limitarlo.
La aprobación de la ley cambia significativamente el panorama. No sólo permite a quienes alegan acoso o agresión sexual elegir si quieren hacer cumplir un acuerdo de arbitraje previo a la disputa, sino que también faculta a los tribunales para tomar la decisión sobre la aplicabilidad. Esto devuelve el equilibrio de poder a los sobrevivientes y lo aleja de los empleadores que anteriormente podían haber utilizado los acuerdos de arbitraje en su beneficio.
Sin embargo, la Ley no está exenta de complejidades y limitaciones potenciales. En particular, se aplica únicamente a reclamaciones que surjan después de su fecha de promulgación. Esto significa que los incidentes que ocurrieron antes del 3 de marzo de 2022, pero que se informaron después, aún podrían estar sujetos a arbitraje forzoso según las pautas anteriores. Tales distinciones plantean cuestiones de equidad y subrayan la necesidad de que los sobrevivientes y sus defensores sean plenamente conscientes de los parámetros de la Ley.
La interpretación de las "reclamaciones conexas" según la Ley también presenta desafíos. La distinción entre una demanda que alega directamente acoso sexual y otra que está tangencialmente relacionada pero surge del mismo conjunto de hechos no está claramente definida. El caso Johnson contra Everyman proporciona cierta dirección, sugiriendo una aplicación más amplia de la Ley para abarcar casos completos si contienen acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, serán necesarios más casos y más interpretaciones judiciales para solidificar este entendimiento.
En conclusión, si bien la Ley de 2021 para Poner Fin al Arbitraje Forzoso de Agresión Sexual y Acoso Sexual marca un cambio fundamental hacia una mayor transparencia y justicia para los sobrevivientes, sus implicaciones totales y sus posibles limitaciones aún están por verse. Será fundamental que los profesionales del derecho, los defensores y los sobrevivientes se mantengan informados a medida que la ley siga evolucionando en la práctica.